El otro octubre Peronista




La Masacre de Rincón Bomba

fue una matanza perpetrada en octubre de 1947 por el Ejército Argentino contra miembros de la comunidad indígena pilagá en la provincia de Formosa. Este episodio es considerado uno de los genocidios indígenas en Argentina del siglo XX.

Contexto histórico

Durante la década de 1940, las comunidades indígenas del Chaco y Formosa enfrentaban condiciones de extrema explotación laboral en ingenios azucareros, obrajes y algodonales. En este contexto, un grupo numeroso de indígenas pilagá se reunió en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas, para participar de un encuentro religioso dirigido por un líder espiritual. La concentración de indígenas generó preocupación en el gobierno, que interpretó el evento como una posible revuelta.

La masacre

El 10 de octubre de 1947, fuerzas del Ejército y la Gendarmería Nacional rodearon el campamento y, tras acusar a los indígenas de insubordinación, abrieron fuego con ametralladoras, asesinando a cientos de personas, incluidos ancianos, mujeres y niños. Los sobrevivientes fueron perseguidos en el monte y ejecutados, mientras que otros fueron sometidos a trabajos forzados en ingenios y obrajes de la región.

Consecuencias y reconocimiento

Durante décadas, la masacre fue silenciada por el Estado y solo en años recientes comenzó a ser reconocida. En 2005, la Federación Pilagá presentó una demanda contra el Estado argentino por crímenes de lesa humanidad, y en 2019 la Justicia Federal reconoció el hecho como un crimen de genocidio indígena.

La masacre de Rincón Bomba es un caso clave dentro de la historia de la represión estatal contra los pueblos originarios en Argentina y su estudio permite comprender los procesos de violencia y resistencia de las comunidades indígenas en el siglo XX.

El juicio relacionado con la Masacre de Rincón Bomba fue promovido en 2005 por la Federación Pilagá contra el Estado argentino. En este proceso, si bien Juan Domingo Perón ya había fallecido (en 1974), su rol como presidente en 1947 fue examinado en términos de responsabilidad política y estatal.


El papel de Perón en la masacre


En 1947, Perón gobernaba Argentina en su primera presidencia (1946-1955). La represión en Rincón Bomba fue ejecutada por el Ejército y la Gendarmería, fuerzas que respondían al gobierno nacional. Los documentos desclasificados y los testimonios indican que la masacre no fue un acto aislado de un grupo militar descontrolado, sino una acción coordinada dentro de las políticas de control estatal sobre los pueblos indígenas.


Si bien no se encontraron órdenes firmadas directamente por Perón que ordenaran la masacre, su gobierno promovía una política de integración forzada de los indígenas, que incluía el traslado de comunidades a colonias productivas y su incorporación a la economía nacional en condiciones de explotación. En este contexto, la represión en Rincón Bomba se interpreta como una muestra del uso de la violencia estatal para disciplinar a las comunidades indígenas.


El fallo judicial de 2019


En 2019, la Justicia Federal reconoció la Masacre de Rincón Bomba como un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible. El fallo responsabilizó al Estado argentino por la matanza, aunque no individualizó a Perón como culpable directo. Sin embargo, el reconocimiento de la masacre como parte de una política represiva del Estado peronista posiciona su gobierno como responsable político de lo sucedido.


Este juicio puso en debate la contradicción entre el discurso de justicia social del peronismo y la represión ejercida sobre los pueblos indígenas, una cuestión que sigue generando análisis en la historiografía argentina.



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